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Las multinacionales deberán informar sobre los impuestos que pagan en cada país

Impuestos internacionales

Google, Facebook, Apple, Amazon… Mientras que los gigantes tecnológicos no dejan de encandilar a los consumidores con sus servicios, para las autoridades fiscales el crecimiento exponencial de sus facturaciones supone un continuo quebradero de cabeza a la hora de determinar el pago de impuestos en cada país donde operan.


La Comisión Europea calcula que la evasión fiscal por parte de las empresas cuesta a los países  de la UE entre 50.000 y 70.000 millones de euros anuales en ingresos perdidos. Por eso, el Parlamento quiere que las grandes multinacionales hagan público cuántos impuestos pagan y dónde, aunque acepta excepciones en caso de información comercialmente sensible.

Google, Facebook, Apple, Amazon… Mientras que los gigantes tecnológicos no dejan de encandilar a los consumidores con sus servicios, para las autoridades fiscales el crecimiento exponencial de sus facturaciones supone un continuo quebradero de cabeza a la hora de determinar el pago de impuestos en cada país donde operan.

La Comisión Europea calcula que la evasión fiscal por parte de las empresas cuesta a los países  de la UE entre 50.000 y 70.000 millones de euros anuales en ingresos perdidos. Por eso, el Parlamento quiere que las grandes multinacionales hagan público cuántos impuestos pagan y dónde, aunque acepta excepciones en caso de información comercialmente sensible.

Por ello, el pasado mes de julio, el Parlamento Europeo respaldó una propuesta por la que las compañías con una facturación a nivel mundial a partir de 750 millones de euros tendrán que informar sobre sus contribuciones tributarias, de manera desglosada por país. El objetivo de la norma es incrementar la transparencia fiscal y combatir la evasión fiscal y fomentar el pago de impuestos locales.

El proyecto legislativo prevé sanciones para las empresas que no faciliten la información, que fijará cada Estado miembro y que pueden consistir en multas administrativas y en la exclusión de los procedimientos de licitación pública y de concesión de financiación procedente de los fondos estructurales de la Unión.

 

Vía europarlamento



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