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    Fernando Ruiz-Beato     0

El permiso retribuido recuperable y las incógnitas que deja

permiso retribuido recuperable 
Situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales. Es un argumento que viene usando el Gobierno desde hace algunas semanas y podemos estar de acuerdo desde un punto de vista conceptual. Pero lo cierto es que a la hora de bajar a tierra y tramitar todas esas ayudas a empresarios y autónomos que se están anunciando sin consensuar con todas las partes implicadas (empresarios, CC.AA…) nos estamos encontrando con mucha improvisación y con bastante letra pequeña como ya explicamos en un post hace varios días.

 

En esta ocasión, la improvisación y las dudas llegan de la mano del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

En primer lugar, comentaros para vuestra tranquilidad que a las asesorías como RB Ruiz Beato Abogados nos han calificado como actividades esenciales por lo que seguiremos al pie del cañón ayudando a todos nuestros clientes:

“Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías administrativas y de graduados sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales, en cuestiones urgentes.”

El problema del permiso recuperable no es la medida en sí, sino la desorganización en la forma de actuar

Y eso, pese a lo mal que nos lo están haciendo pasar y las críticas que les estamos lanzando de improvisación, de desubicación y de falta de medición. El problema no es la medida en sí, sino cómo están haciendo las cosas y el desconcierto absoluto que están creando con el guirigay de las idas y venidas y los problemas innecesarios que están creando internamente a las empresas. Un desconcierto que empieza a aflorar en forma de conflictividad entre empresarios y trabajadores cuando al inicio de la crisis no la había. Es difícil tomar decisiones en estos momentos y todos coincidimos en que el tema sanitario es la prioridad, pero en el ámbito económico no se pueden estar haciendo las cosas peor.

En segundo lugar, entendemos que este real decreto ni es de aplicación para las empresas que hayan presentado un expediente de regulación de empleo ni para los trabajadores que se hayan visto afectados por éstos, ni obviamente a las personas que estén de baja.

En tercer lugar, el permiso de carácter obligatorio se disfrutará entre el 30 de marzo de 2020 y el 9 de abril de 2020 y los trabajadores conservarán la retribución que les hubiera correspondido de estar prestando servicios de carácter ordinario.

En cuarto lugar, la recuperación de las horas de trabajo será efectiva desde el día siguiente (da igual que estemos en estado de alarma, fíjense ustedes como se regula) hasta el 31 de diciembre de 2020. Además, por si fuera poco, y para facilitar las cosas deberá abrirse un periodo de consultas de siete días y constituirse una comisión negociadora. Por eso llevamos tiempo insistiendo como despacho en la necesidad de acordar los ERTEs e ir avanzando en esta cuestión, por ser obvia su futura necesidad. Ahora bien, la recuperación de las horas no puede suponer un incumplimiento de los periodos de descanso diario y semanal previsto ley o convenio colectivo.

En quinto lugar, se aprueba una moratoria para el día de hoy 30 de marzo para llevar a cabo las tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso retribuido sin perjudicar de manera irremediable o desproporcionada a la reanudación de la actividad.

En sexto lugar, se permite seguir presentando los ERTEs. Una medida a la que está abocando el Gobierno, ya no solo por la duración de este permiso sino también por la incertidumbre de no saber qué va a pasar el 10 de abril.

Estamos seguros de que irán surgiendo muchas dudas que esperamos poder ir resolviendo desde el blog a medida que nos vaya llegando información.

Por último, queremos recordaros que no será objeto de aplicación el permiso retribuido regulado en el presente real decreto-ley a las siguientes personas trabajadoras por cuenta ajena:

1. Las que realicen las actividades que deban continuar desarrollándose al amparo de los artículos 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 y 18, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de la normativa aprobada por la Autoridad Competente y las Autoridades Competentes Delegadas.

2. Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o cualquier producto necesario para la protección de la salud, permitiendo la distribución de los mismos desde el origen hasta el destino final.

3. Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restauración que prestan servicios de entrega a domicilio.

4. Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, servicios, tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamiento sanitario y hospitalario y cualesquiera otros materiales necesarios para la prestación de servicios sanitarios.

5. Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la industria manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de las actividades esenciales recogidas en este anexo.

6. Las que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma, así como de aquéllas que deban asegurar el mantenimiento de los medios empleados para ello, al amparo de la normativa aprobada por la autoridad competente y las autoridades competentes delegadas desde la declaración del estado de alarma.

7. Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil, salvamento marítimo, salvamento y prevención y extinción de incendios, seguridad de las minas, y de tráfico y seguridad vial. Asimismo, las que trabajan en las empresas de seguridad privada que prestan servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar para el desempeño de servicios de seguridad en garantía de los servicios esenciales y el abastecimiento a la población.

8. Las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las fuerzas armadas.

9. Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas que (i) atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad, y las personas que trabajen en empresas, centros de I+D+I y biotecnológicos vinculados al COVID-19, (ii) los animalarios a ellos asociados, (iii) el mantenimiento de los servicios mínimos de las instalaciones a ellos asociados y las empresas suministradoras de productos necesarios para dicha investigación, y (iv) las personas que trabajan en servicios funerarios y otras actividades conexas.

10. Las de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a animales.

11. Las que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de comunicación o agencias de noticias de titularidad pública y privada, así como en su impresión o distribución.

12. Las de empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y de inversión, para la prestación de los servicios que sean indispensables, y las actividades propias de las infraestructuras de pagos y de los mercados financieros.

13. Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los sectores o subsectores necesarios para su correcto funcionamiento, especialmente aquéllos que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, así como el funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos.

14. Las que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia de género.

15. Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, intérpretes y psicólogos y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, de esta manera, cumplan con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, y las adaptaciones que en su caos puedan acordarse.

16. Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías administrativas y de graduados sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales, en cuestiones urgentes.

17. Las que prestan servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los servicios esenciales fijados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

18. Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

19. Las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y a las entidades públicas de gestión privada subvencionadas por la Secretaría de Estado de Migraciones y que operan en el marco de la Protección Internacional y de la Atención Humanitaria.

20. Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y saneamiento de agua.

21. Las que sean indispensables para la provisión de servicios meteorológicos de predicción y observación y los procesos asociados de mantenimiento, vigilancia y control de procesos operativos.

22. Las del operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal, con el fin de prestar los servicios de recogida, admisión, transporte, clasificación, distribución y entrega a los exclusivos efectos de garantizar dicho servicio postal universal.

23. Las que prestan servicios en aquellos sectores o subsectores que participan en la importación y suministro de material sanitario, como las empresas de logística, transporte, almacenaje, tránsito aduanero (transitarios) y, en general, todas aquellas que participan en los corredores sanitarios.

24. Las que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia.

25. Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales.

 

Imagen de Anemone123 en Pixabay 



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