“El parón en la industria dispara los despidos por ERE un 77%” (El País); “Los bancos acumulan casi 60.000 despidos en 2019 y el gigante alemán Commerzbank prepara la nueva ola de recortes” (Business Insider); “Las demandas por despido crecen un 23,2% en Aragón en el segundo trimestre” (Heraldo de Aragón) … basta con bucear un poco por internet para encontrar titulares a diario sobre despidos, EREs y recortes.

En pleno debate social y electoral sobre el acoso sexual, nos ha llamado la atención una resolución relacionada con el acoso sexual en el trabajo. La sala social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado una sentencia que dará mucho que hablar: el acoso sexual cuando se produce fuera del ámbito, centro y tiempo de trabajo no es motivo de despido.

Según datos del INE durante 2018 se crearon más de 31.000 empresas y se disolvieron 22.338 empresas. Casi 2.500 de ellas lo hicieron por una operación de fusión. Un proceso que como ya hemos comentado en otros posts del blog, también tiene implicaciones legales desde el punto de vista laboral y los derechos adquiridos por los trabajadores.

Los despidos y los expedientes de regulación de empleo (ERE) han sido dos compañeros habituales de las empresas durante estos últimos años. Si bien es cierto que desde los máximos del año 2012 (más de 483.000) el número de ERE ha ido decreciendo hasta los pocos más de 46.000 del año pasado.

El eterno dilema entre el límite del derecho a la privacidad e intimidad del empleado y el espionaje por parte de la empresa del uso que el empleado hace de los recursos informáticos (móvil, ordenador, email…) de la compañía vuelve a estar en el punto de mira tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la que concluye que no cabe despedir al trabajador por el uso personal del ordenador y el móvil de la empresa si antes no se ha prohibido.